Exhibe Suprema Corte leeeeeenta impartición de Justicia

Gerardo Romo | CVN

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tardaron 319 días en resolver la acción de inconstitucionalidad del paquete económico 2018, que era  urgente para Zacatecas ya que de él dependió la aplicación de 30 mil millones de pesos de presupuesto.

Así, los ministros hicieron a un lado,  el principio de que los ciudadanos tienen derecho al acceso de justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 16 constitucional.

Diputados de Morena, PRD, PT y Encuentro Social (10) de 30 que integraron la 62 legislatura interpusieron la acción de inconstitucionalidad el 19 de Enero de 2018, y la SCJN resolvió anular la totalidad de la legislación financiera de 2018, el 4 de diciembre, al considerar que la mayoría que lo aprobó incurrió en violaciones a la ley.

“La aprobación de estos decretos se dio con violación al proceso legislativo, lo que se tradujo en que las normas fueran emitidas en transgresión a los principios democráticos reconocidos en la Constitución Federal”, señaló el proyecto de resolución que presentó el ministro Franco González Salas y que fue aprobado por unanimidad.

Por recomendación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández se votó se reviviera el presupuesto 2017 y a partir de ésa norma se siguiera aplicando el presupuesto.

Esta resolución ocurrió a sólo 27 días de que concluya el ejercicio fiscal 2018, cuando ya fue ejercido más del 95 por ciento del presupuesto por Gobierno del Estado, que la 62 Legislatura con mayoría priísta aprobó sin consultar a los diputados de oposición, quienes no fueron convocados a la sesión del 5 de diciembre de 2017, día que se avaló el paquete económico.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que la anulación permitirá sólo invitar a los legisladores para que no vuelvan a repetir acciones ilegales similares.

“La orden sería de abstenerse a incurrir en el mismo vicio de inconstitucionalidad”, dijo el ministro en la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia este martes 4 de diciembre.

Gerardo Espinosa, abogado que interpuso el juicio de inconstitucionalidad reprochó la lentitud con la que la SCJN resolvió el caso.

“Es una realidad de que la SCJN no cumplió con los principios de que la justicia debe aplicarse de manera pronta y expedita”, dijo.

El perjuicio, insistió el abogado, es que no se determinó en tiempo la invalidez de estas normas económica y así  cambiar de fondo el paquete económico.

Luis Medina Lizalde, quien fue coordinador de los diputados de Morena en la 62 legislatura también celebró el triunfo jurídico que lograr, pero lamentó que llegara tan tarde, por lo que resulta inaplicable.

“Se escogió la sentencia enfrentándonos a hechos consumados, hay poco por hacer, fue una  dilación equivalente sólo un coscorrón, la Suprema Corte debe revisar internamente sus procedimientos porque se ha despegado de principios republicanos,  es un poder muy aristocrático que no quiso resolver de manera pronta y expedita”, dijo Luis Medina Lizalde, quien se desempeñó como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la 62 Legislatura.

Si la SCJN hubiera resuelto en  abril, dijo pudo evitarse  se ejercieran  670 millones de pesos en bonos para funcionarios de gobierno del Estado..

“Lo que se evitó con la tardía resolución de la corte y la ilegalidad en la que incurrieron los priístas y sus aliados de la 62 Legislatura fue que tuviéramos un presupuesto con visión social y austera, agregó

Incluso, la inaplicación práctica a la anulación del paquete económico de manera tardía provocó una reacción burlona por parte de Jorge Miranda, secretario de finanzas de Gobierno del Estado.

"La resolución de la (SCJN) es como si hubieran sentenciado a cadena perpetua a una persona que ya murió”, declaró el tesorero en el comunicado 1680 publicado por Gobierno del Estado.

Para Omar Carrera, ex diputado de Morena en la 62 legislatura y actual legislador del Partido Encuentro Social en el recién instalado nuevo congreso local que entró en funciones en septiembre señaló que la tardía resolución de la SCJN exhibió la subordinación de la 62 legislatura al gobernador priísta Alejandro Tello.

“Esta resolución debería darles vergüenza porque corroboró las prácticas ilegales del gobernador Tello y el secretario de Finanzas Jorge Miranda en contubernio con el congreso que tenían a modo, el pronunciamiento de la corte, aunque tardío servirá de precedente para que esto no vuelva a ocurrir” ,dijo.